El derecho humano de acceso a la justicia se vincula estrechamente con el derecho de las víctimas de delito y/o violaciones a derechos humanos a contar con asesoría jurídica gratuita, misma que los Estados están obligados a prestar, a fin de asegurar a las personas la orientación, asesoría, representación y la defensa adecuada. A su vez, este derecho se relaciona de manera directa con la protección y garantía de los derechos a un recurso juridicial efectivo, a la verdad y a una reparación integral; por lo que, el papel que desempeña la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas al brindar el servicio de asesoría jurídica favorece la consolidación del Estado Democrático de Derecho.
¿Conoces tus Derechos?
DE LOS DERECHOS DE LA VÍCTIMA:
- Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;
- Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley.
Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa; - Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia;
- Que se repare el daño de forma integral.
- Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.
- Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y
- Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.
